Archivo de 29 de febrero de 2024

Una alicantina que busca a su melliza registra la primera querella española por un presunto ‘bebé robado’

La alicantina María José Picó ha interpuesto este viernes 23 de febrero en Alicante la primera querella registrada por un juzgado español por la presunta desaparición forzada de su hermana melliza, 48 horas después de nacer en el Hospital General Universitario de Alicante el 28 de marzo de 1962.

La bebé fue dada por fallecida por personal del centro y enterrada en una fosa común en el cementerio de Alicante pero en las circunstancias de su fallecimiento, entierro y el proceso administrativo acaecen un cúmulo de irregularidades que genera sospechas de que pueda ser un caso de “bebé robado” según sostiene la querella. Asimismo, dos exhumaciones realizadas no han encontrado restos en el lugar donde su padre presenció el entierro y donde también está anotado en el registro del camposanto, el único archivo oficial donde existe constancia de la existencia de la recién nacida.

La demanda se ha presentado por delitos de detención ilegal, secuestro con desaparición, falsedad, crimen de desaparición forzada, todo ello en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Picó, que es también la presidenta de la Asociación de Víctimas de Alicante de Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA), ha explicado que su madre fue derivada por su ginecólogo en Elche al hospital de Alicante donde su hermana y ella nacieron aparentemente sin problemas de salud. Pero a los dos días, a medianoche, se acercó la matrona, una monja, y explicó a su madre que una de sus dos bebés estaba enferma. A las cuatro de la madrugada le comunicó que había fallecido “heladita de frío”. En aquella época los bebés estaban en la sala nido del hospital y no se permitió a los padres ver el cuerpo de la pequeña.

Según el testimonio de María José al llegar su padre al día siguiente y pedir explicaciones “le dicen que tenía que ir rápido a comprar una cajita de madera a un lugar cercano al hospital y que no fuese funeraria para más rapidez”.

A pesar de que a los padres les extrañó que una bebé con aparente buena salud enfermara y falleciera repentinamente “por su mente nunca pasó pensar que a su hija se la habían robado. Aunque no habían visto el cuerpo, pero si un médico y una monja te lo dicen, pues te crees que tu hija está ahí metida”, afirma María José. No les dejaron verla ni tampoco enterrarla en Elche, añade.

La misma caja que su padre adquiere en una tienda de ultramarinos se la devuelven cerrada con clavos y le dicen “que tiene que ir al cementerio rápido porque le estaba esperando el enterrador” y allí debe entregar un papel que le dan en el hospital. Habían pasado 16 horas del fallecimiento, señala, extrañada por estas prisas.

El padre fue testigo del enterramiento y recordó toda su vida dónde se ubicó la pequeña caja de 50x30x25 centímetros pero esta no apareció en las exhumaciones realizadas en los años 2012 y 2013. “En esa esquinita que siempre recordaba toda su vida mi padre se deposita esa caja que ya colmataba esa fosa. Se echan dos o tres palas de tierra encima y ahí queda enterrada la niña”. Era de un tamaño de unos 2 por 2 metros.

Los padres siempre tuvieron “alguna pequeña duda” por cómo acontecieron estos hechos pero fue cuando transcendieron los primeros casos de denuncias de bebés robados “inmediatamente pensaron y fueron hilando que sí que podía haber sido un caso de bebé robado”.

Sin documentos

En enero de 2012 en ese mismo lugar aparece “la impronta de una cajita que no era funeraria por el color que deja en la tierra porque la acompañaba unos clavos bastante grandes”, relata, pero no había restos de bebé. Los únicos restos que se encuentran de bebé en zonas más profundas de la fosa no pertenecen a los de la pequeña, según los resultados de investigaciones, mientras que en la segunda exhumación en una fila contigua tampoco muestra ningún rastro de que hubiera albergado esa caja.

Tampoco se conserva en el hospital ningún documento que acredite el nacimiento de la hermana. Ni el ingreso por parto de su madre, “como si nunca hubiese estado allí”. Según les dijeron, las historias clínicas se perdieron en riadas. El certificado de nacimiento de María José sí está registrado. Misma suerte en el Registro Civil, donde no consta partida de nacimiento ni defunción de su hermana pero la documentación relativa a María José sí está. Tampoco legajo de aborto en que se registraba a los bebés con menos de 24 horas de vida, aunque en su caso superaba ese tiempo. Según explicaron a la familia “en el Registro Civil de Alicante todos los legajos anteriores al año 78 se han perdido”.

En el registro del cementerio sí consta el enterramiento aunque “donde tendría que aparecer el nombre del médico que firmó aquella defunción, en ese lugar pusieron el nombre de mi padre”. También ha desaparecido el legajo de nacimiento de la propia María José, el que expiden en el hospital para llevar a inscribir a los bebés en el Registro. “No se entiende como pudo dar origen a esa partida de nacimiento y tener todos esos datos si aquel legajo ha desaparecido también del Registro Civil”.

La primera querella en España

CEAQUA, Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo, ha guiado a María José Picó para emprender este proceso judicial. Se dirige esta acción judicial contra la matrona que firmó el certificado de nacimiento de María José, contra uno de los médicos que presumiblemente asistió al parto y contra el director del Hospital General Universitario de Alicante de la época. También “contra todas aquellas personas que estaban incluidas en esa trama criminal que es objeto de denuncia en la propia querella y que podrán ser perfectamente identificadas cuando se impulsen las diligencias de investigación correspondientes por parte del Juzgado”.

Momento de la intervención del abogado Jacinto Lara por videoconferencia.

A diferencia de las denuncias presentadas hasta la Fecha a Fiscalía, quien decidía la viabilidad de la acción judicial, con la querella el demandante se constituye como parte activa en el procedimiento y no solo se limita a poner los hechos en conocimiento de los juzgados. Esto capacita para apelar a instancias judiciales superiores en caso de que los jueces alicantinos no la admitan a tramite. Es decir, si el juzgado de instrucción en el que recaiga este caso desestima abrir el procedimiento, podrían apelar a la Audiencia Provincial, al Tribunal Superior de Justicia autonómico y a tribunales nacionales, hasta llegar al Tribunal Constitucional e incluso a Europa, explica el abogado de CEAQUA, Jacinto Lara.

La coordinadora impulsa el derecho a la verdad por crímenes de derecho internacional impunes no investigados ni enjuiciados en el Estado español. Con esta acción judicial, pretenden además denunciar “la impunidad mantenida por el Estado español que considera que estos delitos han prescrito”, según María José Picó.

Entre los obstáculos a los que se ha enfrentado esta familia, con ambos padres ya fallecidos pero todavía en vida, señalan que tras las dos exhumaciones, en las que no se encontraron indicios del cuerpo de su hermana, el caso llegó al Juez pero “curiosamente, a los dos días, desde Fiscalía -de Menores- nos vuelve a decir que no, que el caso tiene que ser archivado porque no vive ningún enterrador de la época”.

Esta querella se ha presentado como un delito de desaparición forzada en un contexto de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no sujetos a prescripción. Señala Lara, que presuntamente, concurren además otros delitos como detención ilegal, sustracción de menor y falsedad de documento.

Nunca ha parado de buscar a su hermana

Durante su intervención ante los medios de comunicación, María José, ha explicado que nunca ha parado de buscar a su hermana pero no tiene pistas de dónde puede estar y hay muchos escenarios posibles, como “que ella no sepa que es adoptada y que nunca esto vaya con ella, con lo cual nunca se va a interesar” o que sí sepa que es adoptada pero “no le interesase buscar”.

Artículo publicado en Diario de Alicante

Una víctima valenciana de los bebés robados: “La mayoría de casos se archivan y caen en el olvido”

“La mayoría de los casos de bebés robados son archivados o quedan en el cajón del olvido y sin investigar. Es el camino que ha tomado la Justicia”. La denuncia la hace María José Picó, presidenta de la Asociación Víctimas Niños Robados Alicante. Explica que la entidad o los propios hijos adoptados que quieren encontrar a sus padres biológicos ponen una denuncia en la Fiscalía de Menores pero, cuando se quiere investigar y se piden los documentos, o “se han perdido en riadas o incendios” o “simplemente no hay constancia” de los mismos. No aparecen papeles en el registro civil ni en los cementerios donde supuestamente se enterraron los cuerpos.

Y María José lo sabe bien. Su caso, su lucha por encontrar a su hermana melliza, que supuestamente falleció al poco de nacer, se cuenta en el documental La Caja Vacía, de Javier Falcó, que se proyectó este viernes en el ciclo de actos culturales organizados por el Museo de Prehistoria de València y L’ETNO dentro del proyecto ‘Las fosas del franquismo. Arqueología, Antropología y Memoria’. Una actividad que concluyó con un interesante debate en el que participaron –entre otros- el propio director, María José, así como la historiadora, arqueóloga y exdiputada de Esquerra Unida en Les Corts, Esther López Barceló.


María José Picó, durante la grabación del documental. Javier Falcó

En conversación con La Vanguardia, María José subraya que desde que comenzó su andadura en la asociación en 2012 se han examinado más de un centenar de casos. Algunos padres han continuado buscando a sus hijos, otros han fallecido, pero en ninguno de los casos han logrado una sentencia positiva.

Cuenta que en el caso de Alicante la mayoría de los casos denunciados se circunscriben al Hospital General de Alicante. “La documentación se pierde o no se tiene documentación de que las madres dieran luz allí”.

En su caso, explica, era difícil de negar, pues la prueba más evidente de que su madre, Francisca Robles, había parido en el centro hospitalario alicantino el 30 de marzo de 1962 era ella misma, aunque no hubiera constancia en los registros del general.

La madre de María José dio a luz en el hospital general de Alicante, pero no aparece en los registros del centro

Cuenta María José que si el menor moría antes de las 24 horas se le registraba en el llamado “legajo de aborto”. Sin embargo, denuncia, todos los legajos de aborto anteriores al año 1978 se perdieron en el cambio de un edificio a otro.

La presidenta de la asociación señala que el robo de bebés se hacía “principalmente en casos de parto múltiple”, como el de su madre, como si ello diera a los autores “un menor cargo de conciencia” pensando que a los padres biológicos les quedaba el “consuelo” de quedarse con, al menos, otro hijo.

María José se puso a investigar en 2011, cuando los casos de bebés robados salieron a la luz. “En mi familia siempre se habló de mi hermana melliza. Mi padre siempre subrayaba que no le dejaron verla antes de enterrarla”.

Narra como ella y su hermana melliza, recién nacidas, no estaban en contacto con la madre –los bebés eran cuidados en una sala llamada “el nido”- y que solo se las llevaban a la madre para darles el pecho. Al poco de nacer informaron de que una de las dos, precisamente la que nació con más peso, había fallecido; María José sobrevivió pese a nacer con 1,2 kilos. “Llaman a mi padre y le piden que vaya rápido a un ultramarinos cercano al hospital y que compre rápido una cajita de madera que el cementerio va a cerrar”. “En el año 62, ¿cómo vas a dudar de la palabra de un médico?”, se pregunta aún hoy.

En mi familia siempre se habló de mi hermana melliza. Mi padre siempre subrayaba que no le dejaron verla antes de enterrarla”

También cuenta cómo les obligaron a enterrarla en el cementerio de Alicante en una fosa común (cuando la familia pretendía enterrarla en su Elx natal) y, sobre todo, como su padre contaba que le devolvieron la caja, una caja para guardar botes de conserva que había comprado, cerrada y claveteada, y le urgieron a ir al cementerio donde “ya le esperaba el enterrador”. Entre las irregularidades encontradas en su investigación posterior, destaca que, en lugar del nombre del médico que debía firmar la defunción de su hermana, pusieron el de su padre.

Su pelea y su denuncia fue sonada y María José logró la primera exhumación de un bebé robado en España. Esther López Barceló, exdiputada en Les Corts Valencianes por Esquerra Unida (2011) estuvo presente. Las batallas de ambas –en lo personal y en lo político- las habían unido, y la familia Picó le pidió que les acompañara a ella y a su padre. “Necesitaban tener cerca a alguien de confianza en un proceso muy doloroso para ellos”, cuenta López Barceló a este periódico, mientras recuerda que la madre prefirió no asistir.

“El padre sabía exactamente el cuadrante donde se había enterrado la cajita, pese a que era complicado porque la zona estaba ahora cubierta de tierra. Sin embargo, recordaba el cuadrante y la esquina donde debería estar la caja”. Cuenta la exdiputada que “el mapa mental del padre no falló: no había olvidado ese hecho tan traumático”. Tras tener claro el sitio donde buscar, llegó el momento. Los peones del cementerio se disponían a picar, cuando López Barceló dio la voz de alarma y avisó al fiscal que sin un arqueólogo no se podía hacer una exhumación en una fosa de neonatos, pues se podrían destruir restos y pruebas.

Era la primera vez que se hacía un proceso así y no se había contemplado tal necesidad. El fiscal le pidió a la también arqueóloga que lo hiciera ella, pero López Barceló se negó. Fue entonces cuando María José se la llevó a un sitio más apartado y le pidió que lo hiciera dado que creía que, de no hacerlo, “perdería su única oportunidad” de descubrir si realmente su hermana estaba allí enterrada. Finalmente, se prestó y comenzaron los trabajos.


La exdiputada de EU en Les Corts y arqueóloga que participó en la exhumación durante la grabación del documental. Javier Falcó

La madera se había descompuesto, recuerda la arqueóloga, pero en el lugar exacto donde había dicho el padre quedaba la coloración de la caja anaranjada y cuatro clavos: “No había nada más”. Siguieron bajando ante posibles movimientos de tierra y encontraron los huesos de un bebé. Más de un año después, estos restos se comprobaron que no tenían nada que ver con el ADN de los padres de María José.

Tras la fallida comprobación, el fiscal decidió hacer una segunda exhumación en una fosa contigua del cementerio, pese a que el padre –ya más deteriorado cognitivamente- solo hacía que repetir que ese no era el lugar. No encontraron el cuerpo. Finalmente, “y con la excusa de que ya no vivía el enterrador y no se podía saber las circunstancias del entierro, se decidió archivar el caso”, explica la afectada.

Toda esta historia la recoge en el documental La caja vacía el director Javier Falcó. Este fotógrafo y creador audiovisual señala que el caso de María José es paradigmático. “Contar su historia es contar la desidia de la Administración que archivó su caso sin impartir Justicia”. “Lo que le sucedió a María José se ajusta a un escenario común: madres sin recursos, cuyos padres no era ni ingenieros ni abogados”. Explica Falcó que era habitual que se buscara a gemelas o mellizas y las constantes prisas para enterrar los cuerpos. “Nunca ven a la criatura”, señala.

También, remarca Falcó que la mayoría de los casos se dieron en el Hospital General de Alicante y que los padres difícilmente “se atrevían a cuestionar la autoridad de un médico o una monja”. Otro modus operandi que se repite en el caso de María José: “Los papeles, las historias clínicas se pierden o son incoherentes o directamente falsos”. Y sobre todo el final: los casos acaban archivándose.

Cuando Falcó preparaba el documental, descubrió que había unas 2.100 diligencias de investigación abiertas, pero solamente 526 han pasado al juzgado. Es decir, el resto se han archivado o se han cerrado. De las 526 judicializadas, la mayoría estaba en un limbo judicial.

La caja vacía recibió el Premio al Mejor Documental en la primera edición del Certamen DOCS Alicante 2022, del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (Diputación de Alicante). Además, ha conseguido selección oficial en hasta siete festivales de todo el mundo.

El archivo es el final de la mayoría de caminos que se emprenden en busca de respuestas. Lamentablemente, ni el documental ni la lucha de María José responden a la pregunta (que también se hacen otras víctimas) de dónde está su hermana. “Todos los escenarios son posibles. No tenemos ni la más remota idea. Puede que viva, que haya muerto o que ni siquiera sepa que es adoptada”.

Artículo publicado en La Vanguardia