Archivo de febrero 2024

Una alicantina que busca a su melliza registra la primera querella española por un presunto ‘bebé robado’

La alicantina María José Picó ha interpuesto este viernes 23 de febrero en Alicante la primera querella registrada por un juzgado español por la presunta desaparición forzada de su hermana melliza, 48 horas después de nacer en el Hospital General Universitario de Alicante el 28 de marzo de 1962.

La bebé fue dada por fallecida por personal del centro y enterrada en una fosa común en el cementerio de Alicante pero en las circunstancias de su fallecimiento, entierro y el proceso administrativo acaecen un cúmulo de irregularidades que genera sospechas de que pueda ser un caso de “bebé robado” según sostiene la querella. Asimismo, dos exhumaciones realizadas no han encontrado restos en el lugar donde su padre presenció el entierro y donde también está anotado en el registro del camposanto, el único archivo oficial donde existe constancia de la existencia de la recién nacida.

La demanda se ha presentado por delitos de detención ilegal, secuestro con desaparición, falsedad, crimen de desaparición forzada, todo ello en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Picó, que es también la presidenta de la Asociación de Víctimas de Alicante de Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA), ha explicado que su madre fue derivada por su ginecólogo en Elche al hospital de Alicante donde su hermana y ella nacieron aparentemente sin problemas de salud. Pero a los dos días, a medianoche, se acercó la matrona, una monja, y explicó a su madre que una de sus dos bebés estaba enferma. A las cuatro de la madrugada le comunicó que había fallecido “heladita de frío”. En aquella época los bebés estaban en la sala nido del hospital y no se permitió a los padres ver el cuerpo de la pequeña.

Según el testimonio de María José al llegar su padre al día siguiente y pedir explicaciones “le dicen que tenía que ir rápido a comprar una cajita de madera a un lugar cercano al hospital y que no fuese funeraria para más rapidez”.

A pesar de que a los padres les extrañó que una bebé con aparente buena salud enfermara y falleciera repentinamente “por su mente nunca pasó pensar que a su hija se la habían robado. Aunque no habían visto el cuerpo, pero si un médico y una monja te lo dicen, pues te crees que tu hija está ahí metida”, afirma María José. No les dejaron verla ni tampoco enterrarla en Elche, añade.

La misma caja que su padre adquiere en una tienda de ultramarinos se la devuelven cerrada con clavos y le dicen “que tiene que ir al cementerio rápido porque le estaba esperando el enterrador” y allí debe entregar un papel que le dan en el hospital. Habían pasado 16 horas del fallecimiento, señala, extrañada por estas prisas.

El padre fue testigo del enterramiento y recordó toda su vida dónde se ubicó la pequeña caja de 50x30x25 centímetros pero esta no apareció en las exhumaciones realizadas en los años 2012 y 2013. “En esa esquinita que siempre recordaba toda su vida mi padre se deposita esa caja que ya colmataba esa fosa. Se echan dos o tres palas de tierra encima y ahí queda enterrada la niña”. Era de un tamaño de unos 2 por 2 metros.

Los padres siempre tuvieron “alguna pequeña duda” por cómo acontecieron estos hechos pero fue cuando transcendieron los primeros casos de denuncias de bebés robados “inmediatamente pensaron y fueron hilando que sí que podía haber sido un caso de bebé robado”.

Sin documentos

En enero de 2012 en ese mismo lugar aparece “la impronta de una cajita que no era funeraria por el color que deja en la tierra porque la acompañaba unos clavos bastante grandes”, relata, pero no había restos de bebé. Los únicos restos que se encuentran de bebé en zonas más profundas de la fosa no pertenecen a los de la pequeña, según los resultados de investigaciones, mientras que en la segunda exhumación en una fila contigua tampoco muestra ningún rastro de que hubiera albergado esa caja.

Tampoco se conserva en el hospital ningún documento que acredite el nacimiento de la hermana. Ni el ingreso por parto de su madre, “como si nunca hubiese estado allí”. Según les dijeron, las historias clínicas se perdieron en riadas. El certificado de nacimiento de María José sí está registrado. Misma suerte en el Registro Civil, donde no consta partida de nacimiento ni defunción de su hermana pero la documentación relativa a María José sí está. Tampoco legajo de aborto en que se registraba a los bebés con menos de 24 horas de vida, aunque en su caso superaba ese tiempo. Según explicaron a la familia “en el Registro Civil de Alicante todos los legajos anteriores al año 78 se han perdido”.

En el registro del cementerio sí consta el enterramiento aunque “donde tendría que aparecer el nombre del médico que firmó aquella defunción, en ese lugar pusieron el nombre de mi padre”. También ha desaparecido el legajo de nacimiento de la propia María José, el que expiden en el hospital para llevar a inscribir a los bebés en el Registro. “No se entiende como pudo dar origen a esa partida de nacimiento y tener todos esos datos si aquel legajo ha desaparecido también del Registro Civil”.

La primera querella en España

CEAQUA, Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo, ha guiado a María José Picó para emprender este proceso judicial. Se dirige esta acción judicial contra la matrona que firmó el certificado de nacimiento de María José, contra uno de los médicos que presumiblemente asistió al parto y contra el director del Hospital General Universitario de Alicante de la época. También “contra todas aquellas personas que estaban incluidas en esa trama criminal que es objeto de denuncia en la propia querella y que podrán ser perfectamente identificadas cuando se impulsen las diligencias de investigación correspondientes por parte del Juzgado”.

Momento de la intervención del abogado Jacinto Lara por videoconferencia.

A diferencia de las denuncias presentadas hasta la Fecha a Fiscalía, quien decidía la viabilidad de la acción judicial, con la querella el demandante se constituye como parte activa en el procedimiento y no solo se limita a poner los hechos en conocimiento de los juzgados. Esto capacita para apelar a instancias judiciales superiores en caso de que los jueces alicantinos no la admitan a tramite. Es decir, si el juzgado de instrucción en el que recaiga este caso desestima abrir el procedimiento, podrían apelar a la Audiencia Provincial, al Tribunal Superior de Justicia autonómico y a tribunales nacionales, hasta llegar al Tribunal Constitucional e incluso a Europa, explica el abogado de CEAQUA, Jacinto Lara.

La coordinadora impulsa el derecho a la verdad por crímenes de derecho internacional impunes no investigados ni enjuiciados en el Estado español. Con esta acción judicial, pretenden además denunciar “la impunidad mantenida por el Estado español que considera que estos delitos han prescrito”, según María José Picó.

Entre los obstáculos a los que se ha enfrentado esta familia, con ambos padres ya fallecidos pero todavía en vida, señalan que tras las dos exhumaciones, en las que no se encontraron indicios del cuerpo de su hermana, el caso llegó al Juez pero “curiosamente, a los dos días, desde Fiscalía -de Menores- nos vuelve a decir que no, que el caso tiene que ser archivado porque no vive ningún enterrador de la época”.

Esta querella se ha presentado como un delito de desaparición forzada en un contexto de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no sujetos a prescripción. Señala Lara, que presuntamente, concurren además otros delitos como detención ilegal, sustracción de menor y falsedad de documento.

Nunca ha parado de buscar a su hermana

Durante su intervención ante los medios de comunicación, María José, ha explicado que nunca ha parado de buscar a su hermana pero no tiene pistas de dónde puede estar y hay muchos escenarios posibles, como “que ella no sepa que es adoptada y que nunca esto vaya con ella, con lo cual nunca se va a interesar” o que sí sepa que es adoptada pero “no le interesase buscar”.

Artículo publicado en Diario de Alicante

Una víctima valenciana de los bebés robados: “La mayoría de casos se archivan y caen en el olvido”

“La mayoría de los casos de bebés robados son archivados o quedan en el cajón del olvido y sin investigar. Es el camino que ha tomado la Justicia”. La denuncia la hace María José Picó, presidenta de la Asociación Víctimas Niños Robados Alicante. Explica que la entidad o los propios hijos adoptados que quieren encontrar a sus padres biológicos ponen una denuncia en la Fiscalía de Menores pero, cuando se quiere investigar y se piden los documentos, o “se han perdido en riadas o incendios” o “simplemente no hay constancia” de los mismos. No aparecen papeles en el registro civil ni en los cementerios donde supuestamente se enterraron los cuerpos.

Y María José lo sabe bien. Su caso, su lucha por encontrar a su hermana melliza, que supuestamente falleció al poco de nacer, se cuenta en el documental La Caja Vacía, de Javier Falcó, que se proyectó este viernes en el ciclo de actos culturales organizados por el Museo de Prehistoria de València y L’ETNO dentro del proyecto ‘Las fosas del franquismo. Arqueología, Antropología y Memoria’. Una actividad que concluyó con un interesante debate en el que participaron –entre otros- el propio director, María José, así como la historiadora, arqueóloga y exdiputada de Esquerra Unida en Les Corts, Esther López Barceló.


María José Picó, durante la grabación del documental. Javier Falcó

En conversación con La Vanguardia, María José subraya que desde que comenzó su andadura en la asociación en 2012 se han examinado más de un centenar de casos. Algunos padres han continuado buscando a sus hijos, otros han fallecido, pero en ninguno de los casos han logrado una sentencia positiva.

Cuenta que en el caso de Alicante la mayoría de los casos denunciados se circunscriben al Hospital General de Alicante. “La documentación se pierde o no se tiene documentación de que las madres dieran luz allí”.

En su caso, explica, era difícil de negar, pues la prueba más evidente de que su madre, Francisca Robles, había parido en el centro hospitalario alicantino el 30 de marzo de 1962 era ella misma, aunque no hubiera constancia en los registros del general.

La madre de María José dio a luz en el hospital general de Alicante, pero no aparece en los registros del centro

Cuenta María José que si el menor moría antes de las 24 horas se le registraba en el llamado “legajo de aborto”. Sin embargo, denuncia, todos los legajos de aborto anteriores al año 1978 se perdieron en el cambio de un edificio a otro.

La presidenta de la asociación señala que el robo de bebés se hacía “principalmente en casos de parto múltiple”, como el de su madre, como si ello diera a los autores “un menor cargo de conciencia” pensando que a los padres biológicos les quedaba el “consuelo” de quedarse con, al menos, otro hijo.

María José se puso a investigar en 2011, cuando los casos de bebés robados salieron a la luz. “En mi familia siempre se habló de mi hermana melliza. Mi padre siempre subrayaba que no le dejaron verla antes de enterrarla”.

Narra como ella y su hermana melliza, recién nacidas, no estaban en contacto con la madre –los bebés eran cuidados en una sala llamada “el nido”- y que solo se las llevaban a la madre para darles el pecho. Al poco de nacer informaron de que una de las dos, precisamente la que nació con más peso, había fallecido; María José sobrevivió pese a nacer con 1,2 kilos. “Llaman a mi padre y le piden que vaya rápido a un ultramarinos cercano al hospital y que compre rápido una cajita de madera que el cementerio va a cerrar”. “En el año 62, ¿cómo vas a dudar de la palabra de un médico?”, se pregunta aún hoy.

En mi familia siempre se habló de mi hermana melliza. Mi padre siempre subrayaba que no le dejaron verla antes de enterrarla”

También cuenta cómo les obligaron a enterrarla en el cementerio de Alicante en una fosa común (cuando la familia pretendía enterrarla en su Elx natal) y, sobre todo, como su padre contaba que le devolvieron la caja, una caja para guardar botes de conserva que había comprado, cerrada y claveteada, y le urgieron a ir al cementerio donde “ya le esperaba el enterrador”. Entre las irregularidades encontradas en su investigación posterior, destaca que, en lugar del nombre del médico que debía firmar la defunción de su hermana, pusieron el de su padre.

Su pelea y su denuncia fue sonada y María José logró la primera exhumación de un bebé robado en España. Esther López Barceló, exdiputada en Les Corts Valencianes por Esquerra Unida (2011) estuvo presente. Las batallas de ambas –en lo personal y en lo político- las habían unido, y la familia Picó le pidió que les acompañara a ella y a su padre. “Necesitaban tener cerca a alguien de confianza en un proceso muy doloroso para ellos”, cuenta López Barceló a este periódico, mientras recuerda que la madre prefirió no asistir.

“El padre sabía exactamente el cuadrante donde se había enterrado la cajita, pese a que era complicado porque la zona estaba ahora cubierta de tierra. Sin embargo, recordaba el cuadrante y la esquina donde debería estar la caja”. Cuenta la exdiputada que “el mapa mental del padre no falló: no había olvidado ese hecho tan traumático”. Tras tener claro el sitio donde buscar, llegó el momento. Los peones del cementerio se disponían a picar, cuando López Barceló dio la voz de alarma y avisó al fiscal que sin un arqueólogo no se podía hacer una exhumación en una fosa de neonatos, pues se podrían destruir restos y pruebas.

Era la primera vez que se hacía un proceso así y no se había contemplado tal necesidad. El fiscal le pidió a la también arqueóloga que lo hiciera ella, pero López Barceló se negó. Fue entonces cuando María José se la llevó a un sitio más apartado y le pidió que lo hiciera dado que creía que, de no hacerlo, “perdería su única oportunidad” de descubrir si realmente su hermana estaba allí enterrada. Finalmente, se prestó y comenzaron los trabajos.


La exdiputada de EU en Les Corts y arqueóloga que participó en la exhumación durante la grabación del documental. Javier Falcó

La madera se había descompuesto, recuerda la arqueóloga, pero en el lugar exacto donde había dicho el padre quedaba la coloración de la caja anaranjada y cuatro clavos: “No había nada más”. Siguieron bajando ante posibles movimientos de tierra y encontraron los huesos de un bebé. Más de un año después, estos restos se comprobaron que no tenían nada que ver con el ADN de los padres de María José.

Tras la fallida comprobación, el fiscal decidió hacer una segunda exhumación en una fosa contigua del cementerio, pese a que el padre –ya más deteriorado cognitivamente- solo hacía que repetir que ese no era el lugar. No encontraron el cuerpo. Finalmente, “y con la excusa de que ya no vivía el enterrador y no se podía saber las circunstancias del entierro, se decidió archivar el caso”, explica la afectada.

Toda esta historia la recoge en el documental La caja vacía el director Javier Falcó. Este fotógrafo y creador audiovisual señala que el caso de María José es paradigmático. “Contar su historia es contar la desidia de la Administración que archivó su caso sin impartir Justicia”. “Lo que le sucedió a María José se ajusta a un escenario común: madres sin recursos, cuyos padres no era ni ingenieros ni abogados”. Explica Falcó que era habitual que se buscara a gemelas o mellizas y las constantes prisas para enterrar los cuerpos. “Nunca ven a la criatura”, señala.

También, remarca Falcó que la mayoría de los casos se dieron en el Hospital General de Alicante y que los padres difícilmente “se atrevían a cuestionar la autoridad de un médico o una monja”. Otro modus operandi que se repite en el caso de María José: “Los papeles, las historias clínicas se pierden o son incoherentes o directamente falsos”. Y sobre todo el final: los casos acaban archivándose.

Cuando Falcó preparaba el documental, descubrió que había unas 2.100 diligencias de investigación abiertas, pero solamente 526 han pasado al juzgado. Es decir, el resto se han archivado o se han cerrado. De las 526 judicializadas, la mayoría estaba en un limbo judicial.

La caja vacía recibió el Premio al Mejor Documental en la primera edición del Certamen DOCS Alicante 2022, del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (Diputación de Alicante). Además, ha conseguido selección oficial en hasta siete festivales de todo el mundo.

El archivo es el final de la mayoría de caminos que se emprenden en busca de respuestas. Lamentablemente, ni el documental ni la lucha de María José responden a la pregunta (que también se hacen otras víctimas) de dónde está su hermana. “Todos los escenarios son posibles. No tenemos ni la más remota idea. Puede que viva, que haya muerto o que ni siquiera sepa que es adoptada”.

Artículo publicado en La Vanguardia

La primera querella por un bebé robado

El archivo masivo por prescripción de los casos de bebés robados, y su impunidad,  puede llegar a su fin con esta querella.

El 23 de febrero se presentó la primera querella por un bebé robado. Un hecho histórico que se propone romper la impunidad y el abandono de los innumerables casos de bebés arrebatados a sus madres durante el franquismo e incluso también en democracia. María José Picó presentó la querella criminal por delitos de detención ilegal, secuestro con desaparición, falsedad en documentos, crimen de desaparición forzada, todo ello en un contexto de crímenes contra la humanidad, para denunciar la desaparición de su hermana melliza en el año 1962. El estremecedor relato de cómo su hermana fue dada por muerta a las horas de nacer, las irregulares instrucciones del Hospital. General de Alicante -conseguir una “cajita” para meter el cuerpo (que les impidieron ver) e inmediatamente ir con esa “cajita” sellada al cementerio para sepultarla en la fosa común- y la ausencia de documentos que acrediten su nacimiento e incluso su fallecimiento son parte de la oscuridad que rodea todos los casos.

María José Picó ha contado con el apoyo de CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), en la lucha por el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes de derecho internacional impunes, no investigados ni enjuiciados en el Estado español y de su abogado Jacinto Lara. “Estos robos de bebés forman parte del ataque sistemático del franquismo contra la sociedad civil, especialmente de las mujeres. Y se añade el silencio total del Estado ante la impunidad.” A partir de este momento, y si la querella es admitida a trámite, comenzará la investigación y búsqueda de los implicados y testigos, que son todos funcionarios públicos del Hospital General de Alicante de la época, los del cementerio y del destino de la hermana de María José. En dos exhumaciones realizadas en dos fosas comunes no encontraron restos de la niña supuestamente fallecida.

Artículo publicado en LQSomos

La primera querella por el robo de un bebé en el franquismo: “Mi hermana melliza no sabrá que fue robada al nacer”

María José Picó es ya la primera querellante del Estado español por un posible caso de bebés robados. Este viernes ha presentado la querella, junto con la plataforma CeAqua, impulsora de la investigación en Argentina de los crímenes del franquismo, por un delito de desaparición forzada en un contexto de crímenes de lesa humanidad.

La querella va dirigida contra la matrona y el médico que atendieron el parto de su madre, en marzo de 1962, en el Hospital General Universitario de Alicante, del que nacieron dos niñas mellizas: la propia María José y su hermana, que a los dos días murió, según anunció una monja del hospital y un médico. También se dirige contra el director del hospital en 1962.

María José Picó, presidenta de la Asociación de víctimas de bebés robados y adopciones irregulares de Alicante (AVA), ha comparecido ante los medios para anunciar la interposición de la querella: “En 2011, mis padres vieron en televisión otros casos de bebés robados y ataron cabos: a ellos les había pasado lo mismo”.

La familia, de origen humilde y trabajador, se propuso entonces recabar toda la documentación sobre el nacimiento y defunción del bebé. En el hospital alicantino les informaron de que las historias clínicas de aquel periodo se habían destruido por unas riadas. “En el Registro Civil no consta ni partida de nacimiento ni de defunción. Nos dijeron que los legajos de aborto anteriores a 1978 se habían perdido en el traspaso de un edificio a otro”, explica María José Picó.

El legajo de aborto es la documentación oficial que se abre cuando el feto no llega a nacer, el bebé nace muerto o no supera las 24 horas de vida. No fue el caso de la hermana de María José, que vivió casi dos días. En todo caso, en el Registro Civil de Alacant no existe ninguna constancia sobre aquel bebé, según asegura Picó.

La única referencia sobre el nacimiento y muerte de su hermana en 1962 se encuentra en la licencia de enterramiento, que contiene un error, ya que donde debería aparecer el nombre del médico aparece el del padre. “A mi padre un médico le dijo que fuera a comprar una caja para enterrar a mi hermana y él se fue a unos ultramarinos y llevó al hospital una cajita de madera de las que se usaban antes para las conservas –explica Picó–. Al cabo de una hora, le trajeron la caja apuntalada con clavos y supuestamente con el cuerpo de mi hermana en su interior”.

El hombre tomó un taxi y con la cajita en sus rodillas se dirigió al cementerio de Alacant, donde le esperaba el enterrador. “Es curioso que le dijeran que no podía ser enterrada en el cementerio de Elche, de donde somos, que tenía que ser enterrada obligatoriamente en una fosa común en Alacant”, explica María José Picó.

Una de las primeras exhumaciones

La de la recién nacida fue la última caja que completó la fosa, según recuerda el padre de Picó. Este detalle tuvo posteriormente mucha importancia cuando la Fiscalía de Menores ordenó exhumar el cadáver en 2012. “Al ver que no había documentación sobre mi hermana, acudimos a la Fiscalía, que ordenó practicar la exhumación”.

Aquella fue una de las primeras exhumaciones que se realizaban en España por los casos de niños robados. Apareció la cajita tal cual fue depositada delante del padre de la criatura 50 años antes. Pero en su interior no había nada. Los operarios continuaron cavando por si los restos se hubieran desplazado hacia el interior de la fosa con el paso del tiempo. Finalmente hallaron restos de lo que podía ser un recién nacido.

La familia hubo de esperar un año hasta tener los resultados de ADN de aquellos restos: negativo, no eran de su niña.

“La Fiscalía nos dijo entonces que se había buscado mal, que había que buscar en otra parte del cementerio”,  alega María José. La segunda exhumación tampoco dio resultado. Finalmente se archivó el caso: “El fiscal nos dijo que no quedaba ningún enterrador vivo y no había manera de poder continuar”.

La querella presentada este viernes ante los juzgados de instrucción de Alacant es la primera de su especie en el Estado español. Sí que se habían presentado con anterioridad cientos de denuncias sobre presuntos casos de bebés robados, pero ninguna de ellas con un resultado positivo: la Justicia no ha podido constatar aún que un bebé dado por muerto al nacer, y sobre el que conste un certificado de defunción, fuera entregado con otra identidad a una familia diferente. En la mayoría de los casos, la investigación judicial ha sido insuficiente, sin agotar todas las diligencias necesarias.

La querella de CeAqua y María José Picó no se limita a poner en conocimiento de los jueces las sospechas sobre el caso, “sino que, como querella que es, tiene un carácter proactivo a la hora de pedir qué tipo de diligencias se deben practicar”, explica el abogado Jacinto Lara.

La querella señala delitos de detención ilegal, secuestro con desaparición, falsedad documental, en el contexto de las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en la dictadura. “Un delito dirigido en especial contra las mujeres”, ha subrayado el abogado de CeAqua Jacinto Lara.

“Las diligencias que practicó la Fiscalía refuerzan la idea de la desaparición”, añade el letrado, en el sentido de apuntalar la tesis de que la recién nacida no fue enterrada realmente. “Pero el Estado español no ha dado por ahora una respuesta a este tipo de crimen”, dice Lara, que pide al Poder Judicial que integre el derecho penal internacional, en virtud de todos los convenios internacionales que ha suscrito España para entender estos casos como imprescriptibles.

Según apunta CeAqua, en la época en la que desapareció la melliza de María José, “los bebés desaparecían de los centros hospitalarios a los que iban las embarazadas, a quienes se les decía que su hija o hijo había muerto”, para luego, en base a la ideología imperante, el nacionalcatolicismo, entregar a esos bebés a familias adeptas.

“Ginecólogos, obstetras, enfermeras (religiosas o no), párrocos, funcionarios de distintos sectores y mujeres de la élite que regentaban pisos de jóvenes embarazadas son algunas de las figuras que se arrogaron el derecho de decidir qué familias eran óptimas para criar bebés, sabiéndose impunemente protegidas por el silencio cómplice, el consentimiento, la aquiescencia y, al menos en algunos casos, la colaboración activa del Estado franquista, régimen criminal por excelencia”, consta en una nota enviada por la plataforma CeAqua.

Sin pistas para encontrar a su hermana

María José Picó no tiene pistas de dónde puede estar su hermana melliza. “Nunca he parado de buscarla, pero ella no sabrá que la robaron. Podría ser adoptada y que no le interese buscar sus orígenes o la nueva familia la pudo inscribir como hija biológica y ella no sabe nada”, lamenta.

Esta mujer asegura que en ningún momento se permitió ver el cadáver de la niña a sus padres, “pero en esos años quién iba a desconfiar del médico”. Una de las cosas que pide a la Justicia es que explique cómo es posible que no existan documentos de nacimiento y defunción de una criatura que nació viva en 1962 y sobrevivió casi dos días. “Yo parto de la base de que mi hermana no está enterrada donde dijeron que estaba y eso ya se ha demostrado con las exhumaciones”, dice a este diario María José Pico, que se muestra “emocionada” ante el reto que supone la querella.

El último caso documentado es de 1993

Roberto Tárrega, activista de Amnistía Internacional (AI), que ha participado en la rueda de prensa este viernes, ha incidido en que los casos de bebés robados no han recibido “una respuesta adecuada por parte del Estado español” y ha recordado que los cientos de casos documentados por AI se prolongan entre 1937 y 1993, entrada ya la democracia.

Amnistía Internacional realizó un informe en 2021 sobre los casos de bebés robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia, en un contexto de desapariciones forzadas en determinadas familias no adeptas al régimen o de condición económica humilde. Constató que, a falta de cifras oficiales, la dictadura arrebató a los hijos a madres republicanas en muchos casos. “Se barajan algunas cifras de hijos e hijas de presas tutelados por el Estado o repatriados tras finalizar la Guerra Civil que no siempre estuvo claro fueran devueltos a sus familias”, consta en el informe de AI.

Como ejemplos, la organización cita los 30.960 niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el Estado entre 1944-1954; y los 20.266 menores repatriados tras la Guerra Civil en 1949, según datos del Servicio Exterior de la Falange.

Artículo publicado en Publico.es

Familiares de bebés robados durante el franquismo presentan la primera querella criminal contra el Estado

Los familiares de una de las miles de bebés robadas durante el franquismo han dado un importante paso adelante este viernes con la presentación de la primera querella criminal en el Estado español por un caso de sustracción de menores. La querella, interpuesta por María José Picó, ilicitana nacida en 1962 junto a su hermana melliza desaparecida, pretende situar los delitos de detención ilegal, secuestro por desaparición, falsedad documental y desaparición forzada, perpetrados durante todo el franquismo y hasta los años 90, en un contexto de crímenes contra la humanidad para evitar la prescripción e impulsar su investigación y enjuiciamiento con los familiares querellantes formando parte activa del proceso.

La querella se ha presentado este 23 de febrero en los juzgados de instrucción de Alicante, dado que los hechos denunciados tuvieron lugar en el Hospital General Universitario de la ciudad y en el Cementerio Municipal. Posteriormente, la querellante ha ofrecido una rueda de prensa junto con representantes de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) y Amistía Internacional.

María José Picó es presidenta de la Asociación Víctimas Niños Robados de Alicante. Natural de Elche, nació en 1962 en el Hospital General Universitario de Alicante junto con su hermana melliza, que fue declarada muerta al nacer por los facultativos que atendieron el parto y, presuntamente, sepultada apresuradamente en una fosa común del Cementerio Municipal de la ciudad tras un “cúmulo de irregularidades y de cosas poco transparentes que nos llevaba a pensar que pudimos ser otra víctima más de aquellos delitos”, ha indicado en la rueda de prensa.

Picó ha relatado el caso de su hermana melliza, declarada muerta al segundo día de nacer sin más explicación ni posibilidad de ver el cuerpo

Picó ha relatado el caso de su hermana melliza, declarada muerta al segundo día de nacer sin más explicación ni posibilidad de ver el cuerpo, con el padre obligado a comprar apresuradamente una caja en una ferretería que en el hospital le devolverían claveteada y con la orden de llevarla de inmediato al Cementerio Municipal para sepultarla en una fosa común sin que ni el nacimiento ni la defunción se inscribieran en el Registro Civil, con la historia clínica del hospital perdida y sin información relevante en el registro del cementerio.

Al respecto ha explicado que en su casa siempre estuvo presente el fallecimiento de su hermana, pero que fue a partir de 2012 cuando empezaron a movilizarse, por lo que entonces interpusieron denuncia ante la Fiscalía de Alicante, que ordenó dos exhumaciones en las fosas comunes que figuraban como lugar de enterramiento de bebés fallecidos en el hospital en los años que tuvieron lugar los hechos. En las exhumaciones no se encontraron restos que tuvieran coincidencia genética con la familia, hecho que evidenciaría el delito pero que igualmente llevó al archivo del caso sin que la familia pudiera interponer recurso alguno.

Querella criminal

La principal novedad de esta acción judicial es que, si se admite a trámite, la parte querellante podrá formar parte activa del procedimiento en lugar de tener que esperar al proceder del Ministerio Público. Así, según ha explicado Jacinto Lara, abogado de Ceaqua que está llevando el caso, para fundamentar la demanda “se está contextualizando el crimen como crimen de lesa humanidad, crimen de derecho internacional pero también en concurso con otro tipo de crímenes como puede ser la detención ilegal, la sustracción de menor y falsedad documental”.

La querella busca interpelar al Ejecutivo en su responsabilidad “en la búsqueda, identificación y localización de todas las personas desaparecidas”

La contextualización del delito en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada supone su imprescriptibilidad y, según ha indicado Lara, lo que se pretende es “interpelar al poder judicial para que, de una vez por todas, se integre en sus resoluciones judiciales el derecho internacional y los derechos humanos, y el derecho penal internacional, tal y como está obligado como poder del Estado en virtud de todos los convenios internacionales y tratados que ha firmado en este sentido”.

Por último, el abogado ha remarcado que la querella también busca interpelar al poder legislativo para que “dé una tramitación completa a la proposición de ley de bebés robados que facilitaría la investigación judicial en el orden jurisdiccional penal de este tipo de crímenes”; así como al Ejecutivo en su responsabilidad “en la búsqueda, identificación y localización de todas las personas desaparecidas”.

Artículo publicado el ElSaltoDiario.com

Se presenta en un juzgado de Alicante la primera querella criminal por un crimen de lesa humanidad en un caso de niños robados

Una ilicitana ha presentado este viernes la primera querella criminal por un crimen de lesa humanidad, en un supuesto caso de bebés robados, el de su hermana melliza, ocurrido en 1962, en el Hospital General de Alicante.

Lo ha hecho en el Decanato de los juzgados de Alicante para instar a acabar con “la impunidad”, lamenta, y con el abandono por parte del Estado español, incluso ahora, en la investigación a fondo de estos casos.

María José Picó ha explicado en una rueda de prensa con todo detalle lo sucedido tras el parto. A la segunda noche, una monja le anunció a su madre que una de las niñas había fallecido “heladita de frío” en la sala nido e instó al padre a comprar rápidamente una caja no funeraria para enterrar a la pequeña en una fosa común del cementerio municipal de Alicante. Les devolvieron la caja claveteada y el sepulturero la enterró sin que vieran nunca su contenido.

Cuando en 2012, con las primeras denuncias de este tipo, empezaron a sospechar que podían ser víctimas de un caso de bebés robados, Fiscalía de Menores realizó dos exhumaciones sin éxito y acabó archivando el caso.

Es la misma suerte que corrieron los 516 casos de las más de 2.000 diligencias que, entre 2011 y 2019, llegaron a otros juzgados por sustracciones de bebés entre 1937 y 1993.

Hasta ahora había habido múltiples denuncias, pero nunca una querella de este calado, por crimen de lesa humanidad, para sortear la prescripción de estos casos acudiendo al derecho internacional, explica María José Picó. Al ser consideradas desapariciones forzosas, estos delitos no pueden prescribir.

Un cúmulo de irregularidades

Señala Picó que tras el alumbramiento todo había sido “un cúmulo de irregularidades y de situaciones poco transparentes”.

El hospital carecía de la historia clínica porque les dijeron que se habían perdido en unas riadas, no había partida de nacimiento ni de defunción ni tampoco legajo de aborto porque, según fueron informados, todos las anteriores a 1978 habían quedado extraviados en una mudanza.

Y en el cementerio sí había una licencia de enterramiento pero en el apartado dirigido al nombre del médico que había certificado la defunción constaba, supuestamente por error, el del padre de las mellizas.

La denuncia se interpone, por tanto, contra el director del Hospital General entonces, así como contra la matrona y el médico que asistieron el parto, así como contra cualquier implicado que pudiera ser identificado en esta trama criminal que llevó a cabo un “ataque sistemático contra la población civil”, sobre todo de las mujeres, dicen desde CEAQUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, y desde Amnistía Internacional, Roberto Tárrega, que habla de “las del bando caído”.

CEAQUA vincula la querella de lesa humanidad, a los delitos de detención ilegal, sustracción de menor y falsedad de documento.

Sin tener pistas de dónde puede estar, María José ha explicado cómo ha continuado todos estos años buscando a su melliza. Ahora confía en que se estime la querella y que otras personas en su situación sigan sus pasos e interpongan otras.

Artículo publicado en CadenaSer.com