María José Picó es ya la primera querellante del Estado español por un posible caso de bebés robados. Este viernes ha presentado la querella, junto con la plataforma CeAqua, impulsora de la investigación en Argentina de los crímenes del franquismo, por un delito de desaparición forzada en un contexto de crímenes de lesa humanidad.
La querella va dirigida contra la matrona y el médico que atendieron el parto de su madre, en marzo de 1962, en el Hospital General Universitario de Alicante, del que nacieron dos niñas mellizas: la propia María José y su hermana, que a los dos días murió, según anunció una monja del hospital y un médico. También se dirige contra el director del hospital en 1962.
María José Picó, presidenta de la Asociación de víctimas de bebés robados y adopciones irregulares de Alicante (AVA), ha comparecido ante los medios para anunciar la interposición de la querella: “En 2011, mis padres vieron en televisión otros casos de bebés robados y ataron cabos: a ellos les había pasado lo mismo”.
La familia, de origen humilde y trabajador, se propuso entonces recabar toda la documentación sobre el nacimiento y defunción del bebé. En el hospital alicantino les informaron de que las historias clínicas de aquel periodo se habían destruido por unas riadas. “En el Registro Civil no consta ni partida de nacimiento ni de defunción. Nos dijeron que los legajos de aborto anteriores a 1978 se habían perdido en el traspaso de un edificio a otro”, explica María José Picó.
El legajo de aborto es la documentación oficial que se abre cuando el feto no llega a nacer, el bebé nace muerto o no supera las 24 horas de vida. No fue el caso de la hermana de María José, que vivió casi dos días. En todo caso, en el Registro Civil de Alacant no existe ninguna constancia sobre aquel bebé, según asegura Picó.
La única referencia sobre el nacimiento y muerte de su hermana en 1962 se encuentra en la licencia de enterramiento, que contiene un error, ya que donde debería aparecer el nombre del médico aparece el del padre. “A mi padre un médico le dijo que fuera a comprar una caja para enterrar a mi hermana y él se fue a unos ultramarinos y llevó al hospital una cajita de madera de las que se usaban antes para las conservas –explica Picó–. Al cabo de una hora, le trajeron la caja apuntalada con clavos y supuestamente con el cuerpo de mi hermana en su interior”.
El hombre tomó un taxi y con la cajita en sus rodillas se dirigió al cementerio de Alacant, donde le esperaba el enterrador. “Es curioso que le dijeran que no podía ser enterrada en el cementerio de Elche, de donde somos, que tenía que ser enterrada obligatoriamente en una fosa común en Alacant”, explica María José Picó.
Una de las primeras exhumaciones
La de la recién nacida fue la última caja que completó la fosa, según recuerda el padre de Picó. Este detalle tuvo posteriormente mucha importancia cuando la Fiscalía de Menores ordenó exhumar el cadáver en 2012. “Al ver que no había documentación sobre mi hermana, acudimos a la Fiscalía, que ordenó practicar la exhumación”.
Aquella fue una de las primeras exhumaciones que se realizaban en España por los casos de niños robados. Apareció la cajita tal cual fue depositada delante del padre de la criatura 50 años antes. Pero en su interior no había nada. Los operarios continuaron cavando por si los restos se hubieran desplazado hacia el interior de la fosa con el paso del tiempo. Finalmente hallaron restos de lo que podía ser un recién nacido.
La familia hubo de esperar un año hasta tener los resultados de ADN de aquellos restos: negativo, no eran de su niña.
“La Fiscalía nos dijo entonces que se había buscado mal, que había que buscar en otra parte del cementerio”, alega María José. La segunda exhumación tampoco dio resultado. Finalmente se archivó el caso: “El fiscal nos dijo que no quedaba ningún enterrador vivo y no había manera de poder continuar”.
La querella presentada este viernes ante los juzgados de instrucción de Alacant es la primera de su especie en el Estado español. Sí que se habían presentado con anterioridad cientos de denuncias sobre presuntos casos de bebés robados, pero ninguna de ellas con un resultado positivo: la Justicia no ha podido constatar aún que un bebé dado por muerto al nacer, y sobre el que conste un certificado de defunción, fuera entregado con otra identidad a una familia diferente. En la mayoría de los casos, la investigación judicial ha sido insuficiente, sin agotar todas las diligencias necesarias.
La querella de CeAqua y María José Picó no se limita a poner en conocimiento de los jueces las sospechas sobre el caso, “sino que, como querella que es, tiene un carácter proactivo a la hora de pedir qué tipo de diligencias se deben practicar”, explica el abogado Jacinto Lara.
La querella señala delitos de detención ilegal, secuestro con desaparición, falsedad documental, en el contexto de las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en la dictadura. “Un delito dirigido en especial contra las mujeres”, ha subrayado el abogado de CeAqua Jacinto Lara.
“Las diligencias que practicó la Fiscalía refuerzan la idea de la desaparición”, añade el letrado, en el sentido de apuntalar la tesis de que la recién nacida no fue enterrada realmente. “Pero el Estado español no ha dado por ahora una respuesta a este tipo de crimen”, dice Lara, que pide al Poder Judicial que integre el derecho penal internacional, en virtud de todos los convenios internacionales que ha suscrito España para entender estos casos como imprescriptibles.
Según apunta CeAqua, en la época en la que desapareció la melliza de María José, “los bebés desaparecían de los centros hospitalarios a los que iban las embarazadas, a quienes se les decía que su hija o hijo había muerto”, para luego, en base a la ideología imperante, el nacionalcatolicismo, entregar a esos bebés a familias adeptas.
“Ginecólogos, obstetras, enfermeras (religiosas o no), párrocos, funcionarios de distintos sectores y mujeres de la élite que regentaban pisos de jóvenes embarazadas son algunas de las figuras que se arrogaron el derecho de decidir qué familias eran óptimas para criar bebés, sabiéndose impunemente protegidas por el silencio cómplice, el consentimiento, la aquiescencia y, al menos en algunos casos, la colaboración activa del Estado franquista, régimen criminal por excelencia”, consta en una nota enviada por la plataforma CeAqua.
Sin pistas para encontrar a su hermana
María José Picó no tiene pistas de dónde puede estar su hermana melliza. “Nunca he parado de buscarla, pero ella no sabrá que la robaron. Podría ser adoptada y que no le interese buscar sus orígenes o la nueva familia la pudo inscribir como hija biológica y ella no sabe nada”, lamenta.
Esta mujer asegura que en ningún momento se permitió ver el cadáver de la niña a sus padres, “pero en esos años quién iba a desconfiar del médico”. Una de las cosas que pide a la Justicia es que explique cómo es posible que no existan documentos de nacimiento y defunción de una criatura que nació viva en 1962 y sobrevivió casi dos días. “Yo parto de la base de que mi hermana no está enterrada donde dijeron que estaba y eso ya se ha demostrado con las exhumaciones”, dice a este diario María José Pico, que se muestra “emocionada” ante el reto que supone la querella.
El último caso documentado es de 1993
Roberto Tárrega, activista de Amnistía Internacional (AI), que ha participado en la rueda de prensa este viernes, ha incidido en que los casos de bebés robados no han recibido “una respuesta adecuada por parte del Estado español” y ha recordado que los cientos de casos documentados por AI se prolongan entre 1937 y 1993, entrada ya la democracia.
Amnistía Internacional realizó un informe en 2021 sobre los casos de bebés robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia, en un contexto de desapariciones forzadas en determinadas familias no adeptas al régimen o de condición económica humilde. Constató que, a falta de cifras oficiales, la dictadura arrebató a los hijos a madres republicanas en muchos casos. “Se barajan algunas cifras de hijos e hijas de presas tutelados por el Estado o repatriados tras finalizar la Guerra Civil que no siempre estuvo claro fueran devueltos a sus familias”, consta en el informe de AI.
Como ejemplos, la organización cita los 30.960 niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el Estado entre 1944-1954; y los 20.266 menores repatriados tras la Guerra Civil en 1949, según datos del Servicio Exterior de la Falange.
Artículo publicado en Publico.es
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