La ‘Ley de bebés robados’: crónica de un vergonzoso periplo legislativo

La legislatura se acaba y el tiempo también, especialmente el tiempo de las víctimas que van falleciendo sin saber dónde están sus hijas e hijos que, a su vez, buscan su identidad robada. Es crucial que no haya olvido a pesar del tiempo transcurrido, para que quede constancia de las atrocidades cometidas contra nosotras y nuestras familias.
– Reunión en sede parlamentaria del Congreso de los Diputados 19 de febrero de 2019

La fotografía que acompaña a este artículo se realizó el 19 de febrero de 2019. Fue la última reunión que se celebró entre CeAqua (Coordinadora estatal de Apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo) y todos los Grupos Políticos en la anterior Legislatura, a dos semanas de la disolución de las Cortes y con la Proposición de Ley de ‘bebés robados’ tramitándose en el Congreso de los Diputados desde su toma en consideración, por unanimidad, el 20 de noviembre de 2018.

A la reunión asistieron representantes de los siguientes Grupos políticos: PSOE (Odón Elorza y Antonio Hurtado), Partido Popular (María Jesús Moro), Ciudadanos (Marcial Gómez), Unidas Podemos (David Carracedo y Mar García), Bildu (Marian Beitialarrangoitia) y Compromís (Enric Bataller).  En el caso de ERC y PDeCAT, la reunión les coincidió con intervenciones en el Pleno que se celebraba ese mismo día en el Parlamento y se disculparon por su ausencia. Por parte de CeAqua acudió la presidenta de Todos los niños robados son también mis niños como portavoz de esta Coordinadora en el área de ‘bebés robados’, Soledad Luque Delgado, que es también una de las firmantes de este artículo.

En dicha reunión todos los representantes de los Grupos Políticos, sin excepción, hicieron explícito su compromiso de continuar la labor y las reuniones con CeAqua pasadas las elecciones del 28 de abril de 2019. Y todos coincidieron en que, una vez formado el nuevo Gobierno, el trabajo realizado hasta ese momento sería la base para continuar una vez comenzada la nueva legislatura. Y nos lo creímos. Salimos de aquella reunión muy esperanzadas.

Hay que recordar que, en la nueva legislatura, los Grupos políticos volvieron a registrar la Proposición el 26 de febrero de 2020 y se llevó a Pleno para su toma en consideración el 23 de junio de 2020 con el voto a favor de todos los Grupos políticos, excepto la extrema derecha.

El 17 de septiembre de 2020 se abrió el trámite de enmiendas de esta Proposición de Ley, ubicada en la Comisión de Justicia. A pesar de las múltiples reuniones que hemos mantenido con los Grupos políticos para comentar sus futuras enmiendas, como detallaremos más adelante, la Ley se ha quedado parada en este trámite.

Han sido dos años de un trámite interminable de enmiendas que deja claro el poco interés del Gobierno y de los Grupos políticos de cumplir con su compromiso de sacar nuestra Ley adelante.

El nudo gordiano del bloqueo

El grupo interlocutor (en representación de CeAqua, Amnistía Internacional, y organizaciones de ‘bebés robados’ que apoyan e impulsan esta Proposición de Ley) ha tenido reuniones continuadas en esta Legislatura con los diferentes Grupos políticos del arco parlamentario, excepto con la extrema derecha, y han quedado patentes las tres vías que confluyen e impiden el cierre del trámite de enmiendas.

El Ministerio de Justicia

Diferentes ministerios han emitido valoraciones sobre la Proposición de Ley, que pueden ser o no tenidas en cuenta por los Grupos que conforman el Gobierno. La paralización en que se encuentra la Proposición de Ley en este momento tiene relación con esas valoraciones, especialmente con las del Ministerio de Justicia, cuya titularidad es del PSOE. Estas valoraciones pretendían en 2021, entre otras cuestiones, anular todo el derecho a la justicia presente en la Proposición de Ley, algo inadmisible.

Debido a esta situación, y siguiendo también el consejo de los propios Grupos políticos, se han mantenido reuniones con diferentes ministerios: el Ministerio de Justicia, que nos indicó que la responsabilidad última para que la Proposición siguiera su tramitación era de los Grupos políticos, no de los ministerios, y se comprometieron a elaborar nuevas valoraciones más acordes con el texto original, algo de lo que no se tiene todavía noticia; el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria; y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El resultado de las reuniones con los dos últimos confirmó que el Ministerio responsable y máximo competente en esta Ley es el de Justicia.

Con esta información, solicitamos hace meses una nueva reunión con Justicia para conocer las nuevas valoraciones que nos prometieron elaborar. En esta ocasión, se ha requerido audiencia directa con la ministra Pilar Llop. Seguimos esperando una respuesta que ni siquiera por cortesía se han dignado a dar.

La Mesa del Congreso

La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, tiene la potestad de cerrar el trámite de enmiendas para que la Proposición siga su andadura, pero no lo hace. Y, a pesar de que numerosos Grupos políticos, a petición del grupo interlocutor, se lo solicitaron en un escrito hace casi un año, sigue sin dar ninguna explicación de su inmovilismo.

Los socios de Gobierno y las enmiendas conjuntas

Según la información obtenida, las valoraciones del Ministerio de Justicia, que amputan todo derecho a la tutela judicial, podrían ser asumidas por el PSOE, pero no así por Unidas Podemos.

Tampoco son aceptadas por CeAqua ni por las entidades que apoyan e impulsan la Proposición de Ley, ya que la Ley resultante se alejaría de la esencia del original: la tutela judicial que se nos debe a las víctimas. Eso es inaceptable.

En este escenario, la realización de enmiendas conjuntas entre los socios de Gobierno es una tarea difícil, pero no es un paso absolutamente necesario. Entendemos la complejidad de este Gobierno de coalición, pero ya han pasado por numerosas situaciones en que no han llegado a acuerdos, tanto en política interior y exterior como en otras leyes, y han sabido seguir adelante sin mayor quebranto.

En medio de este partido de tenis, donde se van pasando la pelota unos a otros, estamos las víctimas observando el desolador panorama de esta situación de bloqueo.

El PSOE, socio mayoritario del Gobierno, tiene la Ley paralizada con su acostumbrada negativa de aceptar que las víctimas, además de la verdad, queremos obtener justicia; ¿De qué tienen miedo? ¿De que las investigaciones judiciales, que estarían amparadas por nuestra Ley, descubran que muchos de los culpables siguen vivos? ¿De que el Estado se vea obligado a acabar con la impunidad que la democracia ha mantenido durante 45 años, desde que la transición no supiera romper con la etapa anterior?  No hay que obviar que en el capítulo I de nuestra Ley este crimen es considerado un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. De aprobarse la Ley, ya no tendrían excusa para archivar los casos y no pedir responsabilidades a los culpables.

¿Es por ello que nuestro Gobierno hace caso omiso a todos los Informes de organizaciones de Derechos Humanos que le instan a aprobar esta Ley? A saber: el Informe de Amnistía Internacional de marzo de 2021; el del Comité contra la Desaparición Forzada de septiembre de 2021; la Carta que en enero de 2022 enviaron al Gobierno conjuntamente los siguientes organismos de Naciones Unidas: el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. De igual forma, ignora el Informe del Parlamento Europeo de 2017 con 31 recomendaciones para investigar este crimen contra la humanidad. Y lo peor de todo, el Estado, mientras tanto, también se desentiende del dolor de miles de víctimas y sus legítimas reivindicaciones para no hacerse responsable de la búsqueda de las niñas y niños robados, y de su derecho a conocer su verdadera identidad.

Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno, nos apoya en reuniones y conversaciones privadas, y con algún que otro comentario en redes sociales, pero no consigue, o no quiere, plantarse ante su socio e insiste en seguir negociando con él este tema, aunque son plenamente conscientes de que ya no hay tiempo para seguir haciéndolo. Sin embargo, sí alza la voz y se posiciona públicamente con otras causas y otras leyes, también muy importantes, como la Ley Trans o la de Vivienda o la de Trata, entre muchas otras, y donde este Grupo político hace manifiesta una visible y patente polémica con su socio de Gobierno. ¿Por qué Unidas Podemos no hace lo mismo con la Ley de ‘bebés robados’ y se posiciona pública y mediáticamente a nuestro lado con la misma vehemencia que en otras iniciativas legislativas? ¿No son suficientes dos años de bloqueo presumiblemente provocado por el PSOE en diferentes ámbitos (legislativo y ejecutivo) para que salgan de una vez a dar la cara por nuestro colectivo, de forma contundente e inequívoca? ¿A qué más están esperando? ¿O acaso nosotros, y nuestros derechos, no merecemos tanto la pena como para que Unidas Podemos tome una posición firme frente a su socio de una vez por todas?

Este nudo gordiano, como tal, ofrece un escenario de muy difícil resolución, pero no imposible: o se deshace o se tendrá que cortar. Es decir, si los socios de gobierno no pueden presentar enmiendas conjuntamente, que las presenten por separado. Si una vez presentadas por Unidas Podemos, el Grupo Socialista no presenta las suyas y sigue el trámite cerrado, quedará evidenciada la responsabilidad de ese bloqueo. Si, por otro lado, se presentan las enmiendas por separado y la tramitación continúa, realizando todos los pasos necesarios hasta el debate en Pleno, allí también se podrá observar la voluntad de cada uno con su voto y, definitivamente, podremos conocer con total transparencia en qué lugar se sitúa cada Grupo: al lado de las víctimas o contra ellas.

Más promesas rotas

De igual forma, hemos solicitado de manera continuada e insistente la necesaria intervención de los demás Grupos políticos para dinamizar la iniciativa en el Parlamento, pero tampoco hemos obtenido una respuesta suficientemente satisfactoria. Todos (salvo la extrema derecha) nos dan su apoyo unánime en privado, pero nos insisten en que, si el Gobierno no desbloquea la Ley, poco pueden hacer. Sin embargo, esto se contradice con los inmensos conflictos que existen en el Parlamento por otros motivos y otras leyes. Por tanto, el resultado sigue siendo el mismo: ningún Grupo político tiene la intención de presionar más para acabar con esta paralización.

Son intolerables tanto el comportamiento del PSOE como el del resto de los grupos políticos que registraron y que aprobaron la toma en consideración de la proposición por dos veces, en 2018 y en 2020. Todos ellos dieron su palabra en 2019 de que la Ley se aprobaría en la presente legislatura.

En los dos años del trámite de enmiendas han fallecido muchas de las víctimas que esperaban justicia: madres, padres, hermanas, hermanos, personas en busca de su identidad de origen. Dos años más de impunidad, y de ausencia de tutela judicial, permitida por TODOS los Grupos políticos.

Y hasta aquí hemos llegado. Ya no admitimos apoyos privados que no sirven para nada a las víctimas. Que les quede claro: todos son responsables o cómplices de esta situación. Todos, hasta el momento, están incumpliendo la palabra dada.

Una táctica preocupante

El 6 de octubre se aprobó en el Senado una Ponencia de Estudio promovida por el PSOE cuyos objetivos nos recuerdan, y mucho, a las valoraciones que hizo en su día el Ministerio de Justicia a la Proposición de Ley de ‘bebés robados’, al anular el derecho a la justicia para las víctimas en el orden jurisdiccional penal. Una vez más, y de forma coherente con su trayectoria, el PSOE actúa para desactivar “la posibilidad de obtener la imperativa y necesaria verdad judicial en el orden competente para la investigación y enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional”, tal y como ya denunció CeAqua en su comunicado respecto a esta iniciativa. ¿Es un nuevo intento de dejar definitivamente aparcada la tramitación de la Proposición de Ley sobre ‘bebes robados’ en el estado español (122/000039)? Presuntamente, así es.

Conclusión

La legislatura se acaba y el tiempo también, especialmente el tiempo de las víctimas que van falleciendo sin saber dónde están sus hijas e hijos que, a su vez, buscan su identidad robada. Es crucial que no haya olvido a pesar del tiempo transcurrido, para que quede constancia de las atrocidades cometidas contra nosotras y nuestras familias.

Si termina esta legislatura sin que se apruebe la Ley de ‘bebés robados’, todos ellos serán responsables: el PSOE, por todos los motivos expuestos; y el resto de los Grupos políticos, por no poner pie en pared y no exigir al PSOE que cumpla su compromiso y cumplirlo ellos mismos.

Está muy claro que solo se precisa voluntad política: el viernes 12 de noviembre presentaron PSOE y Unidas Podemos una Proposición de Ley para reformar aspectos del Código Penal. Tienen la previsión de que salga aprobada en marzo de 2023. En esta ocasión no ha habido problema para que los dos socios del Gobierno se pongan de acuerdo. ¡Exigimos la misma voluntad política para la aprobación de nuestra Ley!

Por eso queremos decir alto y claro lo siguiente: Gobierno, Grupos políticos, todavía están a tiempo de tener un comportamiento decente con las víctimas por el ‘robo de bebés’ en nuestro país. No es concebible que ustedes, nuestros representantes políticos, nos llenen de esperanza y luego, en poco tiempo, nos arrebaten nuestro derecho a reencontrarnos con nuestros hijos y hermanos, y a obtener justicia amparándonos en una Ley que ya debería estar aprobada hace tiempo. ¿Dónde está su coherencia? ¿Dónde sus principios? ¿Dónde su sentido de justicia?

Si esta Ley no se aprueba ahora ¿de qué sirve la palabra dada por nuestros representantes políticos? Ya es hora de que actúen diligentemente y dejen de mirar para otro lado. Las víctimas, sin embargo, los miramos de frente, recordándoles sus compromisos y exigiendo la protección del Estado. Es decisivo que cumplan de una vez por todas con su obligación de buscar a los niños y niñas desaparecidos, de investigar a los culpables y de que, por fin, también nosotras podamos sentir el orgullo de vivir en un país que ampara a sus ciudadanas y ciudadanos en el disfrute de los derechos humanos.

De nuestros representantes políticos depende que nos sintamos avergonzadas y traicionadas por las Instituciones que deberían protegernos o que recuperemos la confianza en ellas.

  • Soledad Luque Delgado: Presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños y portavoz de CeAqua.
  • Carmen Luque Delgado: Secretaria de la asociación Todos los niños robados son también mis niños.
  • Aránzazu Borrachero Mendívil: Responsable de Archivos Digitales de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Directora del archivo Mujer y Memoria.


Artículo originalmente publicado en Republica.com

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