“Angustia” e “impunidad”, el largo camino de las víctimas de los casos de bebés robados

La ley contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas, entre las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita [...]
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– Colectivos de víctimas registran firmas para reclamar el desbloqueo de la ley sobre ‘bebés robados’ en el Congreso.

Los casos de bebés robados en España, que se iniciaron en la dictadura franquista, siguen generando “angustia” en los familiares que quieren “saber cómo ha sido la vida de sus hijos” y cuyos responsables permanecen impunes 40 años después.

Así lo han manifestado investigadores y víctimas que han participado en la presentación del informe Contexto Hacia una memoria democrática inclusiva: investigación multidisciplinar sobre el robo de niñas y niños en el Estado español desde una perspectiva de género, este jueves en el Ateneo La Maliciosa de Madrid.

“Se trata de una investigación pionera sobre el robo de niños en España” y “es un paso más en el largo camino hacia el desconocimiento de este crimen”, ha destacado la presidenta de Todos los niños robados son también mis niños, Soledad Luque.

El informe hace un recorrido sobre el robo de niños en España en la época de la dictadura franquista y su paso hacia la Transición a través de aspectos jurídicos, sociales y desde una perspectiva de género.

Manuel Sánchez, doctor en Ciencias Jurídicas e Historiador, ha detallado los “eufemismos” que se utilizaron durante la dictadura franquista “para no decir robo de bebés”, una “práctica social vinculada a una ideología fascista”.

“El franquismo se preocupó de crear esa clase social vinculada a los rojos” y afectó especialmente a las mujeres porque “tenían a sus maridos fuera de casa en la guerra”.

“Es un crimen tan grave dado el marco temporal, más de 40 años, y por la angustia constante que podría ser constitutiva de tortura psicológica”, ha afirmado la jurista Maite Parejo, que ha considerado que “no termina hasta encontrar al familiar”. “No entiendo a qué obedece esta impunidad ni cómo lograr romper con esta situación”, ha lamentado.

La ley de bebés robados, bloqueada

Una impunidad y una no reparación de las víctimas que continúa a día de hoy, ya que la proposición de ley sobre ‘bebés robados’, sigue bloqueada en el Congreso tras casi un centenar de prórrogas del plazo de enmiendas desde el 17 de septiembre de 2020.

Por este motivo, organizaciones de familias y de defensa de derechos humanos presentaron el pasado 7 de febrero en el Parlamento más de 81.000 firmas reclamando el desbloqueo y la aprobación de la norma antes del finalizar la legislatura.

Aunque la norma fue tomada en consideración en el Congreso en junio de 2020, las constantes prórrogas de enmiendas impiden su aprobación final y la consiguiente reparación a las víctimas, han lamentado frente a las escalinatas de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados.

Entre otros aspectos, la ley contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas, entre las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita, y la realización de campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás.

Asimismo, se crearía una Fiscalía Especial, una Unidad especial de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad, así como una Base de ADN nacional -cuyas pruebas serán gratuitas- y se establecería la participación de las víctimas a través de sus representantes en algunos de los organismos y herramientas creadas.

Recordemos que esta Proposición de Ley se admitió a trámite por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2018. Debido al adelanto electoral, decayó y fue necesario un nuevo registro. Se volvió a aprobar para su toma en consideración el 23 de junio de 2020, lo que demuestra un importante consenso político. El 17 de septiembre de 2020 se abrió el trámite de enmiendas de la Proposición, que está ubicada en la Comisión de Justicia. La ley se ha quedado parada en este trámite.

Noticia publicada vía República.com

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